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Amnistía Internacional ha levantado la voz una vez más, esta vez instando al gobierno dominicano a detener las deportaciones y enfrentar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos de personas de raza negra en el país, en medio de la profunda crisis de violencia e inseguridad que se vive en Haití.
La organización internacional de derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por las continuas deportaciones de personas de ascendencia haitiana por parte de las autoridades dominicanas, argumentando que estas acciones violan el derecho internacional y los derechos fundamentales de estas personas.
Según Amnistía Internacional, las deportaciones masivas y discriminatorias están exacerbando la crisis humanitaria en la región fronteriza entre la República Dominicana y Haití, donde miles de personas enfrentan condiciones precarias y son privadas de acceso a servicios básicos, como atención médica y educación.
La discriminación racial también es una preocupación central para la organización, que ha denunciado que las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana enfrentan discriminación sistemática en el acceso a la documentación y a sus derechos básicos, lo que socava su dignidad y su capacidad para vivir una vida digna.
En este contexto, Amnistía Internacional hace un llamado urgente al gobierno dominicano para que detenga de inmediato las deportaciones y adopte medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas en el país, independientemente de su origen étnico o nacionalidad.
La organización también exige que se investiguen de manera imparcial y exhaustiva todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, y que se lleve a los responsables ante la justicia para asegurar la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas.
En un momento en que la comunidad internacional está cada vez más preocupada por el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, la situación en la República Dominicana pone de manifiesto la necesidad urgente de tomar medidas concretas para proteger los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su origen étnico o nacionalidad, especialmente en medio de la crisis de violencia e inseguridad que se vive en Haití.
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